La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado el Informe del 6º Inventario de Iniciativas de custodia del territorio en España que recoge información de los acuerdos vigentes en 2018 y 2019. Se trata de un censo que se realiza desde el año 2008 y que tiene como objetivo recoger el estado y la evolución de todas las iniciativas de custodia con una periodicidad bienal hasta la presente edición.

La custodia del territorio es un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre los propietarios, las entidades de custodia y otros agentes públicos y privados.

El Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio en España es uno de los productos fundamentales de la Plataforma de Custodia del Territorio que coordina la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Constituye la única fuente a escala estatal de información referida a las entidades y los acuerdos de custodia, configurándose así como una herramienta clave para analizar el estado y la tendencia de esta herramienta de conservación de la naturaleza.

El empleo de esta herramienta de conservación de la naturaleza desde el acuerdo voluntario sigue creciendo. Los datos recogidos por el 6º Inventario confirman el aumento tanto en superficie, como en número de entidades y acuerdos de custodia del territorio establecidos para la conservación:

• La superficie terrestre dedicada a la custodia asciende a 577.915 ha, lo que supone un aumento del 56 %. De esta forma no solo se superan los datos de 2017 sino que se alcanza la mayor extensión desde que se comenzó a elaborar el Inventario en el año 2008.
• El número de entidades con acuerdos de custodia suma un total de 218 respecto a los 148 de la anterior edición, lo que supone un aumento del 47,3 %.
• La cifra de acuerdos de custodia ha crecido de forma clara llegando a los 3.100, superando así el límite alcanzado en 2015, cuando la cifra total fue de 2.687. El crecimiento neto desde 2017 ha sido de 697 acuerdos, es decir, un 29 %. No obstante, los nuevos acuerdos firmados entre 2018 y 2019 han sido 807.
• El aumento de acuerdos se produce en todas las comunidades autónomas salvo La Rioja, donde se mantiene igual y Cataluña y Castilla-La Mancha, donde disminuyen en 56 y 74 acuerdos respectivamente. Las que más crecen son Aragón (147), Galicia (135) y la Región de Murcia (121).
• El 73 % de los acuerdos se dan en terrenos de propiedad privada, el 15 % en propiedad pública, el 16 % en titularidad comunal y el 4 % en dominio público.
• El uso del suelo predominante es el forestal (37 %), seguido del agrario (13 %), los pastizales (11 %) y las riberas y humedales (6 %).
• Por último, los acuerdos de custodia del territorio establecidos en espacios de la Red Natura 2000 son el 38 % de forma íntegra y el 8 % parcialmente correspondiéndole a la Red el 53 % y el 13 % de la superficie total en custodia respectivamente.

Novedades y mejoras

Las principales novedades respecto a la versión anterior son: la mejora en la caracterización del hábitat de las fincas con acuerdos, el primer ensayo piloto para el uso de indicadores, el notable crecimiento de la custodia en el archipiélago canario, la reactivación de la custodia en el archipiélago balear, la incorporación de un considerable número de iniciativas de custodia urbana, la participación de entidades de custodia ligadas a la Iglesia católica, y finalmente, pero no por ello con menor trascendencia, el mayor incremento relativo del cómputo total de entidades de custodia.

Propuesta de modelo de Registro estatal

La formalización del Registro administrativo de iniciativas de custodia del territorio en España cuenta con un apartado específico en el informe del Inventario, dada la importancia estratégica del mismo y los relevantes avances conseguidos para su puesta en marcha, en el que destaca el respaldo del Consejo General del Notariado para reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los propietarios. La normativa española de conservación, en concreto la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incorpora el concepto de la custodia del territorio y destaca la obligación que tienen las Administraciones públicas en su promoción. Asimismo, el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre), se refiere expresamente a la necesidad de crear un Registro de entidades de custodia y determinar las tipologías y condiciones de entidades y acuerdos de custodia y formas de gestión concertada.

Por este motivo, tal y como se indica en el informe del 6º Inventario, la Fundación Biodiversidad ha puesto en marcha un proceso para formalizar un Registro administrativo que contribuirá a garantizar un marco jurídico, fiscal y financiero para los acuerdos de custodia del territorio, proporcionar respaldo a las entidades de custodia y dar seguridad a los propietarios y eficacia a la custodia del territorio, aumentando así la solidez, madurez y visibilidad del movimiento.

Aquí acceso a los informes de todos los Inventarios de iniciativas de custodia del territorio en España.

La Custodia en Canarias

El informe destaca el importante crecimiento de la custodia del territorio en el archipiélago canario. Respecto al anterior inventario las entidades de custodia con sede en las Islas Canarias pasaron de ser cuatro a 25 y el número de acuerdos de nueve a 46. Dicho aumento, expone el inventario, "se explica por el gran dinamismo de la sociedad canaria junto al esfuerzo de mapeo y divulgación realizado por diferentes instituciones del archipiélago en colaboración con la Fundación Biodiversidad".

Además, Canarias es la segunda comunidad con más entidades de custodia del Archipiélago tras Cataluña. El rápido crecimiento demuestra la sensibilidad ciudadana con la custodia del territorio. Buena parte de ese impulso se debe al empuje institucional, concretamente de administraciones como el Cabildo de Gran Canaria, a través de la consejería de Medio Ambiente.